Panamá ordena a su embajador regresar a Bruselas tras fracaso de la lista negra UE

Foto: Archivo

La Cancillería panameña explicó en un comunicado que su embajador ante la Unión Europea, Miguel Verzbolovskis, volverá a su puesto luego de que fuera llamado a consultas el pasado 13 de febrero, cuando la Comisión Europea publicó el listado, en el que también se encuentran Arabia Saudí, Bahamas, Puerto Rico y Trinidad y Tobago, entre otros.

El diplomático panameño, agregó la nota, «trabajará coordinadamente en los esfuerzos globales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

Los ministros de Justicia del bloque europeo rechazaron este jueves de manera unánime la lista de terceros países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo elaborada por la CE por considerar que no fue transparente.

Esa lista, que es diferente de la «lista negra» de paraísos fiscales de la Unción Europea, exige a bancos y otras entidades llevar a cabo controles más exhaustivos cuando realicen transacciones con estos países considerados de alto riesgo.

El Gobierno panameño criticó entonces duramente la opacidad con la que se elaboró el listado y denunció que apenas había sido consultado al respecto.

El país centroamericano celebró este jueves que la decisión adoptada por los ministros europeos permitirá «entablar el trabajo colaborativo necesario para sumar esfuerzos en la lucha contra estos flagelos a través de un diálogo franco y no de manera aislada».

«Panamá redoblará esfuerzos para demostrar a los miembros de este bloque regional el gran avance de la nación en cuanto al fortalecimiento y modernización de su plataforma financiera y de servicios internacionales», añadió el comunicado.

España fue uno de los países que denunció públicamente la inclusión de Panamá en el listado al considerar que la nación canalera estaba en proceso de aprobar y aplicar nuevas legislaciones antilavado.

Entre las medidas adoptadas en los últimos años por Panamá, se encuentra la Ley 23 -que se conoce como «Ley Antiblanqueo» y regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes de abogados- y la penalización con cárcel de la evasión fiscal, ya que era uno de los pocos países del continente que no lo hacía.

La plataforma financiera panameña lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia, especialmente, tras el escándalo de los denominados papeles de Panamá en abril de 2016.

EFE

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