México propone «nueva» Guardia Nacional para enfrentar ola de violencia

Foto: Archivo

El Congreso de México aprobó, una reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, una de las principales política del presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la violencia que ha desangrado al país desde hace más de una década.

Una medida no exenta de polémica, dados los señalamientos de violaciones a los derechos humanos por parte de las instituciones castrenses mexicanas durante los gobiernos de los derechistas Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

‘(La aprobación) fue un hecho transcendental histórico: la reforma permite que las Fuerzas Armadas nos ayuden en labores de seguridad pública, esto no se había logrado en muchos años y había una situación irregular, no apegada a la Constitución, ahora tendrán un marco legal para ayudar en labores de seguridad, con el propósito de dar el giro a las Fuerzas Armadas’, señaló ayer el mandatario de izquierdas a los medios locales durante su rueda de prensa matutina.

El Senado (cámara alta del Congreso) aprobó por unanimidad la propuesta del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que permitirá a los militares tomar parte en tareas de seguridad interna, una medida que más bien formaliza bajo la ley una situación de hecho dada desde las administraciones Calderón y Peña Nieto.

La nueva norma, coloca a la Guardia Nacional en manos de un mando y fueros civiles, además, una estrategia que tendrá un plazo de duración de cinco años.

El mandatario mexicano reiteró igualmente, que los cambios constitucionales tienen como objetivo cambiar el rol a las fuerzas armadas en temas de seguridad y que bajo este nuevo paraguas legal, se velará realmente por el respeto a los derechos humanos.

GUERRA SIN FIN

La controvertida propuesta de AMLO, como popularmente es conocido López Obrador, llega en momentos en que el país vive una de las peores olas de violencia en la historia reciente de México, teniendo a los carteles del narcotráfico como los principales ‘enemigos’ del Estado, fundamentalmente tras el lanzamiento de la ‘guerra contra el narco’ en 2006 y sobre la que existe un consenso general de que fue un fracaso.

Las cifras de la guerra son escandalosas. De acuerdo a datos oficiales, se habla de casi 200,000 personas fallecidas a causa de la violencia ligada al narco, mientras que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México, constata que hay más de 34,0000 personas desaparecidas.

Los últimos informes de Amnistía Internacional, reportan de irregularidades y fallas en la investigaciones, siendo el caso más emblemático, el de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada en el estado de Guerrero en 2014, y donde pesquisas apuntan a la participación no solo de los carteles, sino también de las fuerzas policiales, autoridades locales e incluso elementos del Ejército mexicano.

Al respecto López Obrador ordenó crear una comisión de la verdad para Atyotzizapa, iniciativa rechazada por su antecesor, Peña Nieto, y que busca esclarecer un delito considera por el propio Ejecutivo como de lesa humanidad.

Según reportes del medio digital Animal Político , citando a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde el año 2007 se han hallado unas 1,306 fosas clandestinas en México, de las cuales se han exhumado unos 3,760 restos humanos.

Aunque las cifras demuestran la grave crisis de seguridad que vive el país, la respuesta que prioriza el enfoque militar del conflicto interno sigue siendo la dominante, y por el contrario, pareciera alimentar la espiral de violencia que según los críticos de este esquema cumple ya 13 años de estar en operaciones sin resultados tangibles.

El mismo día que fue aprobada por el Legislativo la creación de la Guardia, unas diez organizaciones, que integran el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México presentaron una solicitud a AMLO para que se busquen otras alternativas que remplacen a la cuestionada policía federal.

‘La medida (aprobada), contradice los estándares internacionales (…) y del Sistema de las Naciones Unidas, que establecen que las tareas de orden y seguridad pública deben estar reservadas a las fuerzas policiales civiles, dado, entre otros motivos, que el entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva conforme a los derechos humanos’, expresaron los grupos en la misiva entregada a López Obrador este jueves, expresando sus temores que este nuevo cuerpo castrense solo agrave la crisis.

Agencias 

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