Deudas de las entidades estatales asciende a $48 mil millones

Foto: Archivo

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Caja de Seguro Social (CSS) y de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) revelaron en sus informes que el monto de la deuda de todas las entidades estatales suma casi $48,823 millones. Esta cifra engloba todos los compromisos por pagar que ha adquirido el Estado hasta el momento.

Los pasivos del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS, por $13,600 millones (solo hasta el año 2032), y los pasivos de la ACP, por aproximadamente $3,600 millones, según el último estado financiero auditado disponible, a septiembre de 2017.

Si bien la ACP es una institución autónoma cuya deuda no pertenece a las finanzas del Estado, finalmente se traduce en pasivos contingentes que obligan al Estado a responder por ellas, si fuera necesario, por ser instituciones del gobierno.

Recientemente, la administración de Juan Carlos Varela reveló que, en proyectos llave en mano, el gobierno hizo contrataciones por alrededor de $4,400 millones, de los cuales $3,600 tendrá que hacer frente el gobierno entrante.

Acerca de los proyectos llave en mano, el pasado viernes el MEF justificó en un comunicado que dicho monto ‘no es una cuenta por pagar, ya que son proyectos nuevos por ejecutar’.

No obstante, para los economistas Francisco Bustamante y Adolfo Quintero no es así, también se trata de pasivos contingentes.

Decir que los llave en mano no son deuda es un truco para ‘poder aumentar la deuda pública, ya que cuando el gobierno otorga la orden de proceder para estos proyectos, las empresas buscan financiamiento, la banca les facilita la plata y una vez culminado el proyecto, el gobierno debe pagarlo’, indicó Quintero.

Estos números fríos van a motivar a la próxima administración gubernamental a reestructurar la deuda pública para poder hacer frente a estos compromisos y renegociar la deuda con las instituciones financieras internacionales sin afectar la buena calificación del país.

Una sugerencia que aporta el economista es revisar los tiempos de vencimiento de la deuda y emitir bonos globales. ‘Cancelar la deuda y los nuevos bonos diluirlos en un mayor tiempo para que el flujo de caja pueda hacer frente a ese compromiso’, propone Quintero.

El también catedrático de la Universidad de Panamá añadió que ‘pagar la deuda en menor tiempo de lo programado le permite al Gobierno emitir bonos a mayor tiempo. Esto es visto por las calificadoras como un gobierno que hace frente a un buen manejo de la deuda’.

Antes de que Varela asumiera el poder, en junio de 2014, la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) sumaba $17,639 millones, no obstante, aumentó $7,083 millones hasta agosto pasado, cuando este renglón se contabilizó en $24,722.

La deuda de las empresas separadas del SPNF sumaba $2,414 millones hasta agosto pasado, y las cuentas por pagar referentes a condenas al Estado eran de $87 millones.

Si bien es cierto que el endeudamiento del país es una cifra significativa, a economistas como Rolando Gordón le preocupa más la relación deuda/Producto Interno Bruto (PIB), que en estos momentos se calcula en un 39%. ‘En otras palabras, si Panamá tuviera que pagar su deuda en este momento, tendría que utilizar 39 centavos de cada dólar de lo que produce el país para afrontarlo’, indicó el economista.

El 2017, según AIH Capital & Latin Consulting, se convirtió en el cuarto año consecutivo con aumentos marginales en el desempleo y deterioro relativo en la relación de la deuda del SPNF respecto al PIB nominal, de aproximadamente un 40%.

Recientemente, el MEF re reiteró el compromiso de cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, manteniendo la deuda neta del país inferior al umbral del 40% del PIB.

El déficit actuarial es lo que los economistas llaman déficit cuasi-fiscal.

‘Por deuda cuasi fiscal se entiende aquella que se origina en las pérdidas anuales del Banco Central, que son transferidas al gobierno y se convierten en deuda pública. La colocación de títulos del Banco Central es una fuente principal y creciente de pérdidas financieras para ese organismo’, explicó Bustamante.

Las organizaciones financieras internacionales miden la relación deuda pública vs. PIB, y miden la deuda pública del sector no financiero. ‘Lo hacen así porque consideran que las empresas estatales son individuales y privadas en donde los bancos analizan el flujo de caja y hacen estudios de factibilidad para sus inversiones’, señaló Quintero.

En promedio, cada mes de esta administración la deuda aumenta aproximadamente en $135 millones, según cifras del MEF.

Acciones previas

Durante el gobierno Martinelli-Varela se incrementó de 5% a 7% el Impuesto de Transferencia Bienes y Servicios (ITBMS) y se expandió la aplicación de este tributo a actividades de servicios financieros. La maniobra se complementó con inversiones millonarias ejecutadas a través de las entidades o empresas que fueron separadas del SPNF, que, por considerarlas aparte, la deuda de estas no se registró en la contabilidad del SPNF, favoreciendo los resultados que presenta el gobierno a las calificadoras de riesgo y algunos organismos internacionales.

En este sentido, una de las compras más abultadas fue la de los Corredores Norte y Sur por más de mil millones de dólares, que se registró como un compromiso de la Empresa Nacional de Autopistas, pero no como parte de la deuda pública del país.

Noticia Al Día 

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