Las promesas persiguen a Varela más rápido que su gestión de gobierno (Especial EFE)

Las promesas de campaña ilusionan, atraen el voto popular, pero también se convierten en espadas de Damocles sobre quien las lanza, y eso es lo que vive el presidente panameño, Juan Carlos Varela, cuando ya le quedan menos de dos años de mandato.

La constituyente incumplida, la reducción de 58 dólares en el coste de la canasta básica, un sueño; lucha anticorrupción tibia, unificación del coste del transporte masivo retrasada, son parte de la larga lista de promesas que en campaña en 2014 hacía Varela y cuyo cumplimiento le exigen los actores sociales y le restriega la oposición.

La construcción de la segunda línea del metro de la capital, dotar de baños higiénicos y agua potable a los marginados, mejor atención de salud, revitalizar la producción agropecuaria, mayor seguridad ciudadana, son proyectos y programas que avanzan a diferentes velocidades pero se espera lleguen a un nivel, sino total, suficientemente cumplidos para darle un aprobado.

Varela se alzó con el triunfo en 2014 sorprendiendo a los favoritos del entonces gobernante Cambio Democrático, porque todas las encuestas lo daban en tercer lugar – lo que sí le ocurrió a su partido Panameñista en el Parlamento – porque ofreció un rostro amable frente a la prepotencia del saliente Ricardo Martinelli, que lo victimizó desde 2011 al sacarlo de la Cancillería por un Twitter.

Además, su programa de Gobierno ofrecía una marcada agenda social con redistribución de la riqueza, menor coste de la vida, más seguridad ciudadana y mejor educación pública.

Lo que no decía es cómo lo iba a financiar, y ahora, transcurridos tres años de gobierno, se ve en el incremento de 3.611 millones de dólares, entre julio de 2014 y febrero de 2017, del endeudamiento público.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra que cuando empezó la administración Varela recibió una deuda de 18.231 millones de dólares (35 % del producto interno bruto) y a febrero pasado estaba en 21.842 millones (38 % del PIB), un crecimiento del 19,80 % en 32 meses.

Los funcionarios del sector económico del Gobierno siempre argumentan que, mientras tengan “cómo pagar”, y que la relación deuda/PIB no sobrepase el estándar internacional del 40 %, el país puede seguir financiándose con deuda, algo que desde el sector privado es tachado de “irresponsable”.

Y esto ocurre pese a que de su ingreso total (en promedio unos 7.300 millones anuales entre 2014 y 2016), el Estado destinó alrededor del 50 % a inversión pública y ha recortado gastos para mantener bajo control el déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) conforme la ley de responsabilidad respectiva.

Pese a las obras públicas, casi no hay día que una comunidad o colectivo bloquee una calle en la capital o el interior del país para reclamar la atención del gobierno a sus problemas de falta de agua, de caminos transitables, de seguridad, de subsidios o de justicia social.

Lo que sí ha cumplido, hasta ahora, es que “en nuestro gobierno no se creará ni se aumentará ni un solo impuesto a la clase trabajadora y profesional del país”, confiado en que sus promesas va a honrarlas apoyado en el creciente incremento de los ingresos por el Canal de Panamá ampliado.

Esa proyección de ingresos de la vía acuática, que se hizo desde 2006, antes del referendo que aprobó un año después la ampliación, se descuadró 21 meses porque el consorcio que construyó la obra se retrasó por diversos problemas y la obra entró en servicio el 26 de junio de 2016, cuando debió haberlo hecho en octubre de 2014.

 

EFE

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